El Plan de Acción de Brasil fue descrito como “una hoja de ruta común para fortalecer la protección y promover soluciones sostenibles para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas en Latinoamérica y el Caribe dentro de un Marco de Cooperación y Solidaridad”. 

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Surgido como parte de la Iniciativa Cartagena +30 y de la Declaración de Brasil, el Plan de Acción fue diseñado para impulsar los compromisos originales de la Declaración de Cartagena, y dividido para su implementación 
en programas y acciones.

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En México, se formó un grupo articulador nacional de ocho organizaciones que se identificó como GAM-PAB, cuyo objetivo es monitorear la implementación del Plan de Acción de Brasil en México y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Estado mexicano en Brasilia. Entre estas, la implementación de la Declaración y de su Plan de Acción en los diez años siguientes; el fortalecimiento de su mecanismo de atención a población con necesidad de protección internacional solicitante de la condición de refugiado y refugiada, con particular atención a las personas en situación de vulnerabilidad; y la adopción de medidas de alternativas a la detención. 

Los resultados de esta evaluación del Plan son producto de un cuestionario con el cual se evaluó cada uno de los conceptos presentados, y se midieron los avances y los retrocesos relevantes en el contexto nacional, 
con una calificación desde -1 (retroceso grave) hasta 3 (avance sobresaliente o que superó expectativas). Una vez que se recibieron los resultados, a los promedios les fue asignada una calificación roja, en caso de que se necesitara una acción urgente; amarilla, en caso de que existieran algunos avances con resultados mixtos; y verde, en caso de que se hayan registrado buenos avances.  

En la documentación de 2012 a 2016, se registran 302 casos que afectaron a 1,037 personas y 422 colectivos. Sin embargo, hasta julio de 2017, se contabilizan 106 personas defensoras asesinadas y 81 personas desaparecidas, cifras que dan cuenta de la grave crisis que se vive en México en lo referido a la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos; una realidad demasiado desconocida para la población mexicana y para la comunidad internacional, una realidad que no recibe suficiente atención por parte de las autoridades competentes en la materia.

El informe de la Red TDT aporta un detallado análisis, con información referente a 30 entidades federativas a lo largo y ancho del país. Desgrana los distintos ataques enfrentados por aquellas personas que defienden los derechos humanos en México, mediante la caracterización de los distintos ataques, de los perfiles de las víctimas y de los perpetradores estatales y no estatales involucrados en estos actos.

This  report  is  the  result  of  a  participatory  work  of  various  organizations,  networks  and  human 
rights  defenders  working  in  Mexico,  North  and  Central  America,  on  the  topic  of  the  integral 
defence of people involved in the human mobility in the Mexican corridor, and of people in need 
of international protection. 
 
The document aims at communicating to the United Nations Committee on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW) updated information on the 
Mexican  migration  context,  including  main  challenges  and  issues  of  concern  that  civil  society 
identifies through its work, and in response to the questions that the Committee elaborated for 
Mexico to submit during its Third Periodic Report.  
 
Ultimately, this document also presents a series of recommendations on the actions we consider 
that Mexico should implement in the short-, medium- and long-term. 

El presente informe es resultado del trabajo participativo de diferentes organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos que trabajan con población migrante y sujeta de protección internacional en México, Norteamérica y Centroamérica.

Es un documento que tiene por objetivo presentar información actualizada al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CMW) sobre el contexto migratorio en México, los principales retos y puntos de preocupación que la sociedad civil identifica a través de su trabajo y en respuesta a las cuestiones que el Comité definió para que México presentará su Tercer Informe Periódico. Asimismo presenta una serie de recomendaciones sobre las acciones que consideramos que México debiera implementar a corto, mediano y largo plazo. ​

El presente informe es resultado del trabajo participativo de diferentes organizaciones, redes y personas defensoras de derechos humanos que trabajan con población migrante y sujeta de protección internacional en México, Norteamérica y Centroamérica.

Es un documento que tiene por objetivo presentar información actualizada al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares (CMW) sobre el contexto migratorio en México, los principales retos y puntos de preocupación que la sociedad civil identifica a través de su trabajo y en respuesta a las cuestiones que el Comité definió para que México presentará su Tercer Informe Periódico. Asimismo presenta una serie de recomendaciones sobre las acciones que consideramos que México debiera implementar a corto, mediano y largo plazo. ​

El CCINM decidió emprender una misión de monitoreo con el propósito específico de identificar los vacíos y obstáculos que impiden la plena protección de las personas migrantes en los centros del INM.7 Este Informe es resultado de ese ejercicio, donde las OSC estuvieron presentes y en el que varias de ellas lograron materializar sus esfuerzos al poder ingresar sin restricciones a los centros de detención y observar las condiciones de las personas migrantes ahí detenidas, pero también pudieron conocer la realidad de las autoridades migratorias en su mandato de control y verificación migratoria. El siguiente paso será presentar propuestas de solución y seguimiento en colaboración con el INM, otras instituciones gubernamentales y OSC, toda vez que es de nuestro especial interés resaltar la importancia de la participación de la sociedad civil en las labores de observancia a las actividades del Estado como un ente coadyuvante en mejorar la política migratoria.

El presente informe sintetiza el resultado de la misión de monitoreo de centros de detención migratoria que durante el año 2016 el Consejo Ciudadano del INM diseñó y desarrolló, y en el que contemplamos una serie de objetivos técnicos y políticos, entre los que subrayamos el cuestionamiento de la propia existencia de los centros de detención para migrantes, como pilar del modelo de control / detención / deportación que impera en la política migratoria en México. Mediante los hallazgos, conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación también pretendemos impulsar cambios de paradigma y de mentalidad a partir de las alternativas a la detención, y abonar en lo que ya se ha difundido por parte de la sociedad civil en términos de violaciones a derechos humanos. 

Desde el 2014 ha incrementado drásticamente el número de personas migrantes que viajan por México huyendo de la violencia en sus países, de las amenazas de las pandillas y luchando, literalmente, por sus vidas. La mayoría proviene de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Una vez que cruzan a México suelen encontrar más violencia y, al igual que en sus países de origen, los delitos y abusos de los que son víctimas casi nunca se investigan ni castigan. Y aunque México afirma que “se enfoca en la protección de derechos humanos de las personas migrantes”, los testimonios de las personas migrantes muestran una realidad distinta. Las extorsiones, secuestros, tortura, abuso y violación sexual, homicidios, asaltos y desapariciones de migrantes ocurren con frecuencia.
[...]

Desde el 2008, siete entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo) han creado fiscalías o direcciones para investigar delitos contra migrantes. Sin embargo, México se sigue enfocando en la detención y deportación de migrantes—una política que ha aumentado los delitos y violaciones de derechos humanos—y no ha desarrollado con la misma urgencia los mecanismos para investigar los delitos y abusos contra personas migrantes: el acceso a la justicia es secundario, la impunidad es prácticamente la regla general y las investigaciones exitosas son excepcionales.

En este informe analizamos si la creación de estas fiscalías, unidades y mecanismos han contribuido a reducir la impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos contra personas migrantes.

La labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas es fundamental en la construcción de una sociedad más justa y democrática, por lo que las agresiones contra las personas que integran estas poblaciones (ya sea cometidas por particulares o por agentes del Estado), constituyen ataques contra los derechos de toda la población. [...] A pesar de que México ha demostrado un fuerte compromiso con el desarrollo normativo internacional y ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales, incluyendo la mayor parte de los instrumentos de derechos humanos, la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores, así como periodistas, es sumamente palpable en México.

The phenomenon of children and youth on the move, migrating without families and caregivers, is not novel, especially in cases of forced flight and family reunification. Large numbers of adolescents and young men from Mexico and Central America have been coming to the United States for many years. According to a study by the National Autonomous University of Mexico, an estimated 90,000 Mexicans under the age of 18 cross the U.S. border annually. The majority remains in the country unauthorized.  The lion’s share of unaccompanied minors in the care of the Office of Refugee Resettlement (ORR) for the past few years have been above 14 years of age (86 percent in FY 2012 and 83 percent in FY 2011) and the preponderance of them have been male (77 percent in FY 2012 and FY 2011, and 71 percent in FY 2010).

El 3 de septiembre de 2016, en un evento público con el candidato presidencial republicano de los Estados Unidos Donald Trump, el presidente de México Enrique Peña Nieto dijo que es de vital importancia para su gobierno y para la relación con los Estados Unidos hacer la frontera de México con Centroamérica “más segura”. Este discurso no es nuevo. En julio de 2014 México anunció el controversial “Programa Frontera Sur” y, desde entonces, ha implementado una política que da prioridad a “asegurar” la frontera sur del país de migrantes a través de medidas de control y un aumento significativo de detenciones y deportaciones, ignorando las preocupaciones sobre los derechos humanos de los migrantes y potenciales refugiados que viajan a través de México, en particular desde Honduras, El Salvador y Guatemala.

Mientras persisten nulos avances en el combate a la impunidad, las actividades de control se han intensificado; los migrantes están siendo detenidos y deportados tan rápidamente que las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y los abogados de asilo tienen pocas oportunidades de escuchar sus historias acerca de lo que experimentan en México o los motivos por los cuales salen de sus países. 

Las amenazas, hostigamientos, deslegitimaciones, agresiones físicas, detenciones, encarcela- mientos, desapariciones y asesinatos son algunas situaciones que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas enfrentan en México por el solo hecho de velar por el resguardo de los derechos humanos y la libre expresión. 

El Informe “Acompañando Sueños. Transitando Fronteras”, es un trabajo de la Iniciativa Frontera Norte de México (IFNM), bajo su programa Acción Articulada Noreste (AAN), que busca fortalecer a las organizaciones de defensa de migrantes, consolidando sus procesos de formación política y contribuyendo a generar condiciones que les permitan seguir ejerciendo su labor como defensoras de derechos humanos bajo un marco fundamental de protección. 

Derechos Cautivos es el resultado del trabajo de cinco organizaciones dedicadas a la defensa de personas mi- grantes y sujetas de protección internacional y especial- mente de aquellas que se ven privadas de su derecho a la libertad de movimiento. Al carecer de documentos que acrediten una regular estancia en el país son trasladadas a alguno de los más de 50 centros de detención migratoria (llamados estaciones migratorias y estancias provisiona- les) de México. 

En los últimos años de trabajo con población migrante y sus familias, a decir de los testimonios de la propia población tocada por la migración, así como de diversas organi- zaciones que trabajan con ella, constatamos que los contextos de nuestros territorios de México y Centroamérica recrudecen.